Ejecuciones hipotecarias. Igualdad procesal

En el marco del asunto  C‑169/14, la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 17 de Julio de 2014, da la razón al recurrente, particular

 Declara entre otros extremos de interés relativos a su jurisprudencia sobre las clausulas abusivas, que los procedimientos de ejecución nacionales, tales como los procedimientos de ejecución hipotecaria, están sujetos a las exigencias relativas a la protección efectiva de los consumidores que se deducen de la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

La problemática versa sobre el hecho de que la normativa española, la Ley de Enjuiciamiento Civil, circunscribe la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la resolución exclusivamente al caso de que el juez de primera instancia haya estimado una oposición basada en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución, estableciendo así una diferencia de trato entre el profesional y el consumidor en tanto que partes en el procedimiento.

En efecto, en la medida en que únicamente puede interponerse recurso de apelación en el caso de que la oposición se haya considerado fundada, el profesional dispone de un recurso contra una resolución que resulta contraria a sus intereses, mientras que, en el supuesto de que la oposición sea desestimada, el consumidor no dispone de esa posibilidad de recurso.

Mientras que contra el auto que desestima la oposición formulada por el demandado ejecutado no cabe recurso de apelación alguno.

En efecto, el Tribunal constata que de las disposiciones del artículo 695, apartados 1 y 4, de la LEC se desprende en particular que el sistema procesal español no prevé que el consumidor pueda interponer un recurso de apelación contra la decisión de desestimar su oposición a la ejecución, no sólo cuando dicha oposición se fundamente en el carácter abusivo, con arreglo al artículo 6 de la Directiva 93/13, de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, sino tampoco cuando se fundamente en la infracción de una norma nacional de orden público, extremo que, no obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar (véase, en este sentido, las sentencias Aziz, EU:C:2013:164, apartado 52).

Así pues, la Sentencia razona que resulta manifiesto que el desarrollo ante el órgano jurisdiccional nacional del procedimiento de oposición a la ejecución, previsto en el artículo 695 de la LEC, coloca al consumidor, en su condición de deudor ejecutado, en una situación de inferioridad en relación con el profesional, en su condición de acreedor ejecutante, en lo que atañe a la tutela judicial de los derechos que puede invocar, al amparo de la Directiva 93/13, frente a la utilización de cláusulas abusivas.

Este desequilibrio se declara contrario al principio de igualdad de armas o de igualdad procesal. Lo que la Sentencia declara contrario a lo dispuesto en la Directiva citada como al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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